Racismo heredado de la colonización
El racismo es histórico y estructural, y se utiliza para justificar las desigualdades económicas, políticas y sociales imperantes en Guatemala, que sufren especialmente los indígenas. Para entender por qué persiste, hay que remontarse a la Conquista de 1524. Porque, aunque la idea de raza surgió entre los siglos XVIII y XIX, los sistemas de poder y opresión se desarrollaron con la colonización. Cuando los españoles -todos ellos hombres- emigraron al nuevo continente "americano", lo hicieron para explotar recursos y ocupar tierras. La ausencia de mujeres europeas les llevó a cohabitar con mujeres indígenas, a menudo a la fuerza. Así comenzó el mestizaje, y el "blanqueamiento" de la población se convirtió en una demostración del dominio de los conquistadores. Si la violación se utilizó como parte del proceso de invasión y servidumbre, el mestizaje también surgió de las uniones permitidas por la corona. Estas tuvieron lugar entre los nativos y los encomenderos, los hombres a cargo de las encomiendas, es decir, las organizaciones creadas por España para llevar a cabo la colonización. Como resultado, nació la primera generación de criollos, sus descendientes. Más tarde, fueron ellos los que obtuvieron el estatus deencomendero.
Durante los siglos XVII y XVIII, y hasta la Independencia en 1821, la Corona estableció un sistema de castas basado en la proporción de sangre española y su pureza. Esto dio lugar a una organización jerárquica y aristocrática de los grupos sociales. La doble naturaleza de la sociedad se rige por la clasificación oficial y la normalización del racismo, que se manifiesta en prejuicios étnico-raciales, injusticias y desigualdades. Por ejemplo, los privilegios de los españoles y sus descendientes les permitían acceder a derechos, puestos de poder, educación y diversas actividades económicas.
La historia ha dejado su huella. En la actualidad, aunque ya no existen castas como tales, los blancos, ladinos y mayas forman tres grupos distintos, siendo los primeros los más favorecidos y los segundos los más desfavorecidos. Los blancos, a menudo propietarios de grandes fincas, concentran gran parte del poder económico y político de Guatemala. Los ladinos, por su parte, son principalmente comerciantes, artesanos o funcionarios, mientras que los mayas siguen siendo casi exclusivamente campesinos y "pequeños" comerciantes, limitados a trabajos poco cualificados, a menudo rurales, y -obviamente- mal pagados. Al margen de la sociedad, víctimas de la exclusión social, el 75% de ellas se ven afectadas por la pobreza, mientras que ésta afecta a la mitad de los demás habitantes del país.
Dificultad de acceso a la educación
En un círculo vicioso, la brecha social no sólo genera la falta de acceso a la educación, sino que la agrava. Así, el 20,47% de los guatemaltecos no ha ido nunca a la escuela. Lejos de ser una coincidencia, el departamento más afectado -con un 32,83%- es Quiché, cuyo 89,17% es maya. Le sigue Alta Verapaz - 31,12% - donde los indígenas constituyen el 92,95% de la población. La situación es preocupante y empeora cada año: en 2009, el 96% de los niños estaban escolarizados, pero en 2019 se redujo al 78%. En términos más generales, casi el 40% de los jóvenes de 4 a 29 años han tenido que dejar de estudiar por falta de dinero y por tener que trabajar. Esto se debe a la necesidad de pagar, ya que el 80% de los centros de enseñanza secundaria son privados. Como resultado, sólo el 13,26% de los guatemaltecos ha llegado a la escuela secundaria, el 4,56% ha llegado a completar una licenciatura y el 0,48% tiene un máster o un doctorado.
Los dos últimos porcentajes sobre el tema son el 14,96% y el 21,73%. Estos son los porcentajes respectivos de hombres y mujeres analfabetos, que ilustran otro problema: la discriminación de la que son especialmente víctimas las mujeres indígenas. Mientras que los hombres nacidos en las comunidades rurales pueden aspirar a conseguir mejores condiciones de vida asistiendo al menos a la escuela primaria y trabajando después, las mujeres no suelen tener la oportunidad de asistir a la escuela y se ven confinadas al papel de niñas y luego de esposas. Sin embargo, en algunos pueblos soplan vientos de libertad, sobre todo en el ámbito de la artesanía: las pocas cooperativas de mujeres que se están creando allí permiten a sus miembros ganar autonomía financiera. Los actores del sector turístico también participan en su emancipación desarrollando proyectos educativos, como la agencia CA Travelers en los alrededores de Antigua.
La igualdad de sexos se ve socavada
Las mujeres indígenas no son las únicas que sufren las consecuencias del sistema: Guatemala es un país machista. Si viajas sola, prepárate para sufrir acoso callejero, a fin de cuentas comparable al de las grandes ciudades francesas. Además, no es raro que las mujeres estén ausentes del espacio público, a menudo obligadas a quedarse en casa para ocuparse de los niños y del hogar. Del mismo modo, tienen muy poca presencia en la esfera política.
La desigualdad en el reparto de las tareas domésticas, la discriminación en la contratación, el techo de cristal... Además de las desigualdades de género "clásicas", la violencia contra las mujeres es motivo de preocupación en Guatemala: ha sido el delito más común en los últimos años. En 2020, con las restricciones de tráfico inherentes a la crisis sanitaria de Covid-19, el número de feminicidios alcanzó los 358, frente a los 102 de Francia. En otras palabras, una mujer murió a manos de un hombre casi cada día durante un año.
En 2008, Guatemala aprobó una ley contra el feminicidio, castigándolo con penas de 25 a 50 años de cárcel. Desde entonces y hasta 2022, se han registrado 2.168 feminicidios en el país. Además, ejercer otras formas de violencia contra las mujeres, en particular la violencia física y sexual, se castiga ahora con penas de 5 a 12 años de prisión. Se trata de medidas significativas, no sólo porque establecen penas más elevadas, sino también por las obligaciones que imponen al Estado, como llevar a las supervivientes de la violencia doméstica a centros de acogida específicos y recopilar cifras sobre la violencia contra las mujeres. Sin embargo, más de diez años después de la entrada en vigor de la ley, las instituciones rara vez la cumplen y su aplicación casi nunca da lugar a condenas.
La familia tradicional como único modelo
Otro elemento preocupante es la política pública que entrará en vigor en julio de 2021, sin el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil que participaron en los debates. La "protección de la vida familiar y la institucionalización", de la que es responsable el Ministerio de Educación, pretende promover condiciones de equidad e inclusión para construir proyectos de vida individuales y colectivos para las familias, y garantizarles el acceso a servicios durante las etapas prenatal y de la primera infancia. En realidad, las estrategias e implicaciones de esta política causan creciente preocupación entre periodistas y activistas de derechos humanos.
La causa: leyes cada vez más peligrosas para las mujeres. Un ejemplo es la aprobación del proyecto de ley 5272 en segunda lectura por el Congreso en 2018. Presentada como una iniciativa popular por varios líderes evangélicos -parte de un movimiento conservador donde la familia tradicional es central, y que gana terreno en Guatemala-, la iniciativa de ley criminaliza el aborto espontáneo, imponiendo penas de cárcel a las mujeres que sufran uno. Asimismo, castiga con penas de cárcel a quien "promueva el aborto o facilite el acceso al mismo". El decreto emitido por el Congreso de la República en marzo de 2022 va un paso más allá al aumentar las penas de cárcel para las mujeres que practiquen o soliciten un aborto... Una paradoja, ya que también prohíbe a las escuelas implementar programas de educación sexual.
Una comunidad LGBTQI+ oprimida
Esta misma política pública define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer y califica la "diversidad sexual" de "incompatible con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano". El citado decreto también declara a los homosexuales "grupos minoritarios de la sociedad, que vehiculan corrientes de pensamiento y prácticas incongruentes con la moral cristiana". En otras palabras, al girar en torno al modelo de familia tradicional, la "protección de la vida y la institucionalización de la familia" podría repercutir no sólo en los derechos de las madres solteras, sino también en los de las personas LGBTQI+, que ya son inexistentes en Guatemala.
Aunque la homosexualidad no está penalizada, la homofobia está especialmente extendida y no se reconocen las parejas homosexuales, ni las familias homoparentales. Condenado por la Fiscalía de Derechos Humanos de Guatemala, el país destaca por la falta de políticas públicas para combatir la discriminación de las personas LGBTQI+. Su invisibilidad es tal que las estadísticas oficiales no recogen ningún caso de violencia por orientación sexual o identidad de género. Sin embargo, según el Observatoire des Droits Humains et des Violences pour l'Orientation Sexuelle et l'Identité de Genre, 29 miembros de la comunidad fueron asesinados entre enero y octubre de 2021. Sin duda, estas cifras están muy lejos de la realidad.
