La devastadora pandemia de Covid-19

Catástrofes naturales recurrentes, migración, pobreza, inseguridad alimentaria y nutricional... Estos son los retos a los que se enfrenta Guatemala. Además, la pandemia de Covid-19 ha aumentado las desigualdades, exponiendo a las personas vulnerables a múltiples emergencias. Ya en 2020, junto con los huracanes Eta e Iota, la crisis sanitaria dejó a 1,8 millones de personas necesitadas de ayuda humanitaria. Esta cifra se elevó a 3,8 millones en diciembre de 2021, lo que representa el 25,5% de la población.

Ese mismo año, los desplazamientos de población alcanzaron niveles históricos: Guatemala es uno de los 25 países del mundo con mayor número de desplazamientos por conflictos o desastres naturales. Por último, la pandemia ha tenido un fuerte impacto en la economía, sobre todo en términos de turismo. En abril de 2021, el gobierno estimó que Guatemala había perdido el 76,7% de sus visitantes extranjeros desde el inicio de la crisis, lo que provocó una caída del sector del 18,8% y provocó miles de despidos. Antes de Covid-19, el turismo representaba el 6,2% del PIB.

La delincuencia disminuye

No obstante, la pandemia habrá tenido un impacto "positivo". En 2020, gracias, entre otras cosas, a las restricciones a la movilidad, el país, famoso por la inseguridad que reina en él, experimentó su nivel de violencia más bajo desde 1986, con una tasa de homicidios de 15,4 por cada 100.000 habitantes (frente a 1,3 en Francia). Esto representa un descenso del 67% desde el pico alcanzado a finales de 2009, cuando se produjeron 46 homicidios por cada 100.000 habitantes. Como resultado, el área metropolitana de Ciudad de Guatemala salió de la lista de las ciudades más peligrosas del mundo, elaborada cada año por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C. Desde entonces, la situación se ha normalizado gradualmente a nivel nacional, con 16,6 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2021 y 17,3 en 2022. Estas cifras aún están lejos de los 21.5 homicidios por cada 100 mil habitantes de 2019.

La mala reputación del país en materia de delincuencia se debe principalmente a la presencia de maras - pandillas. Aunque la mayoría de estas bandas solo operan en determinadas zonas de la capital, como los barrios del norte de Marsella, por ejemplo, destacan por su violencia. Las más conocidas, La 18 y la Mara Salvatrucha, surgieron en los años 80 y 90 en Los Ángeles. Tras su expulsión, formaron alianzas con los cárteles mexicanos y les apoyaron en sus operaciones de tráfico de cocaína. Hoy, Guatemala es un punto clave de encuentro y tránsito para los narcotraficantes. Contrabando de armas, robos, secuestros, homicidios: éstas son las lacras a las que los sucesivos gobiernos intentan poner fin. Al mismo tiempo, hay grandes retrasos en los juicios por ajuste de cuentas, mientras persiste la impunidad en el sistema de justicia penal: sea cual sea el delito, las víctimas muy rara vez ganan sus casos.

Descontento general bajo el mandato de Giammattei

La delincuencia fue un tema clave en el programa del ex Presidente de la República Alejandro Giammattei, en el poder hasta enero de 2024. Uno de sus principales objetivos era hacer frente al crimen organizado y al narcotráfico con "mano dura", creando un Consejo Nacional de Seguridad y restableciendo la pena de muerte. Tras asumir el poder el 14 de enero de 2020, Alejandro Giammattei también se posicionó en contra de los gobiernos anteriores, famosos por los grandes escándalos de corrupción en los que se vieron envueltos. Sobre todo, su campaña se basó en el "muro de oportunidades" que ofrecería a la población, es decir, el tan esperado desarrollo económico que daría a los habitantes igualdad de acceso a la educación, el mercado laboral y la sanidad. Todo ello contribuiría a reducir la inseguridad.

¿Podría ser esto? ¿Se libraría Guatemala por fin de sus políticos corruptos para centrarse en el vasto terreno económico y social que le espera? Estas eran las preguntas en boca de todos. Por desgracia, pronto tuvieron respuesta, y no de la forma que esperábamos.

A principios y mediados de noviembre de 2020, partes del país fueron asoladas por los huracanes Eta e Iota, que afectaron a miles de personas. En este contexto, el día 21, cientos de manifestantes prendieron fuego al Parlamento en Ciudad de Guatemala, como parte de las protestas que exigían la dimisión del Presidente. El problema era el presupuesto para 2021 que acababa de aprobar. Fijado en 99.700 millones de quetzales -10.900 millones de euros-, era el mayor de la historia del país. Tal era la magnitud del presupuesto que analistas y economistas advirtieron de que un tercio del mismo se financiaría con deuda pública.

Otro problema fue que, en lugar de financiar la lucha contra la pobreza -que afecta al 59% de la población- y la desnutrición infantil -que afecta a casi la mitad de los niños menores de 5 años-, la mayor parte de los fondos se destinaron a infraestructuras gestionadas por contratistas, al tiempo que se aumentaban los gastos de los diputados. En otras palabras, el presupuesto favorece a los propietarios y a los políticos, en detrimento de los recursos asignados a la salud y a la protección social, dos ámbitos especialmente sacudidos por los recientes desastres naturales... Las costumbres no mueren en Guatemala.

El Presidente volvió a despertar el descontento de su pueblo en julio de 2021, cuando destituyó al Fiscal Especial contra la Impunidad. Al día siguiente, el fiscal abandonó el país y declaró a la BBC que sus investigaciones habían sacado a la luz posibles actos de corrupción de personas "al menos cercanas al círculo" de Alejandro Giammattei. La semana siguiente, miles de manifestantes marcharon frente al palacio presidencial y la Fiscalía General. Este episodio recuerda al ocurrido cuatro años antes, cuando el ex presidente Jimmy Morales declaró persona non grata al magistrado anticorrupción que dirigía la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala. La razón: estaba investigando la financiación de su campaña.

Lamentablemente, la represión contra los agentes anticorrupción, desde jueces a abogados y fiscales, ha seguido intensificándose bajo el régimen de Giammattei, siendo febrero de 2022 un mes especialmente intenso en cuanto a órdenes de detención. Por su "posible responsabilidad en el delito de abuso de autoridad", se trata de dos auxiliares de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), la abogada Eva Xiomara Sosa, ex fiscal de la FECI, y Leily Santizo, investigadora durante once años en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). En cuestión: la "posible comisión del delito de obstrucción a la justicia". En junio de 2023, el gobierno llegó a detener a José Rubén Zamora Marroquín, pionero del periodismo de investigación en el país, por lavado de dinero. El proceso fue objeto de un gran debate, sobre todo porque la detención del periodista se produjo cinco días después de que hiciera graves acusaciones de corrupción contra Alejandro Giammattei y su círculo íntimo.

La elección de Arévalo como rechazo al establishment

Ante los grandes retos de gestionar la crisis sanitaria, combatir la corrupción y las desigualdades económicas y sociales, y luchar contra la delincuencia, el pueblo consideró que no había suficiente por hacer, y en agosto de 2023 eligió al progresista Bernardo Arévalo, que tomó posesión en enero de 2024, por un amplio margen con el 60,9% de los votos. Fue elegido en gran parte gracias a su postura de justicia social y anticorrupción, castigando así la ineficacia de la clase política. Pero existen dudas legítimas sobre su capacidad para reformar un país plagado de corrupción: su partido Semilla sólo obtuvo 23 de los 160 escaños del Parlamento, por lo que tendrá que vérselas con los partidos tradicionales. Y nada más ser elegido, y antes de que tome posesión en enero de 2024, ya es víctima de una implacable campaña judicial de la fiscalía, que al mismo tiempo está poniendo en la picota a los responsables de la lucha contra la corrupción. Su tarea es inmensa.